Estudio sobre la libertad de protesta en Marruecos

El informe anual del Consejo consultivo de los derechos humanos del 2008 abordó la cuestión de las manifestaciones y protestas en su relación con las libertades civiles, como tema principal, junto al tema de la prensa y la libertad de expresión.

El informe trató primero el fenómeno de la creciente tendencia de protestas en los últimos años. En estas protestas se utiliza el espacio público frente a instituciones públicas o privadas, como lo demuestran las estadísticas del Ministerio del Interior, o a través los medios de comunicación. Así que podríamos hablar de un fenómeno que se ha convertido en algo casi habitual, siendo una expresión libre de las preocupaciones de los ciudadanos y un indicador de la ampliación del espacio de las libertades

En este contexto, el informe del Ministerio del Interior indica que el número de manifestaciones públicas entre el 1 de enero y 31 de octubre de 2008 alcanzó un total de 5.508 manifestaciones y conoció la participación de unos 330.000 ciudadanos. La capital de Rabat encabeza la lista de ciudades con respecto al ejercicio de la libertad de manifestación, con 1.660 congregaciones durante este tiempo. Es seguido por Casablanca, 323, Meknes, 209; Safi, 197, 119 Tata, Jerada, 113; El Aaiún, 111; Tánger-Asilah, 105, Beni Mellal, 103, y Nador, 100 mientras que el 48 prefecturas y otras provincias han experimentado una serie de protestas de menos de 100 en cada una.

Esto ha llevado el CCDH a abrir un debate sobre las manifestaciones de protesta en su relación con las libertades civiles, incluida la libertad de expresión en todas sus formas, como lo garantiza la Constitución y los convenios internacionales.

Por estas razones, el Consejo considera necesario reflexionar sobre las maneras de hacer frente a esta realidad.

En el análisis de las características y motivos de la protesta incluidos en el informe se ha demostrado que la naturaleza de esta práctica tiene varias características en Marruecos, como el uso del espacio público, su aspecto pacífico y organizado, la ampliación del ámbito de la protesta.

En este contexto, el informe demuestra que la variedad de la protesta y su área bastante amplio y las personas interesadas por la misma, plantea el problema del riesgo de una confrontación con las autoridades encargadas del mantenimiento de la seguridad pública:

Hay muchos factores que promueven la extensión del dominio del acto de protesta, algunas de las cuales son de carácter general y otros de orden específico. Los factores generales se relacionan con los derechos económicos y sociales. Otros factores, como la extensión que consagra la cultura de la protesta, la capacidad de los manifestantes a la libre organización, la creencia en la eficacia de la protesta, el apoyo de algunas organizaciones de la sociedad civil o los partidos políticos y los sindicatos u otros. Así se forjó la creencia de que la protesta da resultados positivos.

Tras este diagnóstico, el informe encontró que el mensaje de protesta, dada su forma y manera de transmisión requiere una respuesta urgente y positiva. Pero, dada su complejidad, las respuestas a menudo son múltiples y diversas en su forma como en su contenido.

El acto de protesta, aunque en esencia es un mensaje dirigido a una parte determinada que se encarga de dar una respuesta, se transmite oralmente desde un espacio público, por lo que necesariamente pasa por el canal de un organismo responsable de mantener la seguridad pública, a saber, el Ministerio del Interior (...) Esto se considera como una ecuación difícil porque estas autoridades no pueden prohibir el acto de protesta si se mantiene su carácter pacífico y se limita a un lugar específico, sin embargo no tiene respuesta a las demandas de los manifestantes. Por lo tanto, si se abre un diálogo con ellos es probable que se reduzca al menos la tensión y el riesgo de una escalada hasta el nivel que no pondría en grave peligro la seguridad pública. Así su respuesta o reacción está relacionada con la forma del mensaje de protesta.

La respuesta formulada consiste en abrir el diálogo para hacer una lectura y un estudio conjunto del tema de la protesta y la parte interesada. Este tipo de respuesta es de particular importancia, tanto para este acto de protesta que para su futuro. Ayuda a la primera parte en su misión de proteger la seguridad pública o espacio público, eliminando o reduciendo la gravedad de la tensión. Su misión es informar a los manifestantes de diversos datos relativos a sus demandas, el grado de su legitimidad o no, y los medios disponibles y las posibles soluciones del presente y del futuro y restablecer así la confianza entre ambas partes. Sin embargo, el éxito del diálogo supone, entre otras cosas, la credibilidad de los representantes de los manifestantes y del diálogo transparente.

Las mayoría de las protestas que, al parecer son justas y humanas están relacionadas con los derechos económicos, sociales y culturales (empleo, vivienda, demandas sociales, las infraestructuras...). Como resultado, la principal respuesta a hacerse radica en los esfuerzos de desarrollo continuo.

En este marco, el informe destacó que además de las iniciativas encaminadas al desarrollo económico y social, se cuentan con la continuación de los esfuerzos en este ámbito, incluidos el buen gobierno y la transparencia.

Estas acciones son capaces de limitar las manifestaciones que se basan en un derecho efectivo o incluso las protestas injustificadas como la protesta contra una sentencia judicial o una decisión administrativa no apelable.

Indudablemente la difusión de la cultura del ejercicio responsable de los derechos también debe ir acompañada de la reforma judicial, la reforma administrativa y la plena aplicación de las recomendaciones de la IER.